¿PUEDES ESTAR COMETIENDO UN DELITO POR COMPARTIR EN FACEBOOK O RETWITEAR RUMORES?

 

COMPARTIR EN FACEBOOKCompartir en facebook o difundir información privada por las redes sociales es delito

Nuestra legislación en materia de derecho digital es clara: difundir información privada por las redes sociales es delito. La popularidad de redes como twitter, facebook y google han representado un cambio social sin precedentes y la modificación de la legislación en materia penal.

Publicar información, compartirla y “viralizarla” se ha convertido en algo casi rutinario. La gente está tan acostumbrada a hacerlo de forma indiscriminada, que a veces no tomamos en cuenta los posibles efectos negativos que podemos generar en otras personas. La verdad es que muchas veces ni siquiera conocemos la fuente y veracidad de la información que compartimos en internet.

Según la legislación española, develar públicamente una imagen íntima sin previo consentimiento, una información privada o un falso rumor puede acarrear sanciones penales en contra de los responsables. La cuestión es que realizar cualquiera de estas acciones podría significar un gran perjuicio en las personas o en las empresas afectadas. En cualquier parte de España esto es claramente un delito.

Casos emblemáticos

Es muy conocido el caso del reconocido bloguero de las redes sociales que acabó con el programa La Noria, o el robo y divulgación de la agenda privada del periodista Pipi Estrada, la cual contenía números telefónicos y otros datos privados de importantes personalidades y figuras que hacen vida en España.

Este último ejemplo es bastante ilustrativo sobre los daños que pueden ocurrir debido a la ejecución de este tipo de delito. A Rosendo, periodista del diario madrileño “As” le han llovido una serie de llamadas por parte de personas totalmente extrañas, tras el robo de la agenda de Pipi Estrada. Luego el mismo se habría enterado de que su número de teléfono móvil había sido publicado en las redes sociales, en donde goza de fanáticos y también de detractores.

 Derecho digital español

El artículo 197 del Código Penal establece la imposición de penas por el “descubrimiento y revelación” de secretos. Los autores del delito pueden ser sometidos a condenas de prisión que van de uno a cuatro años y multas de 12 a 24 meses. El hecho es que la revelación de información privada se constituye en una clara violación del derecho a la intimidad que todas las personas tienen.

La legislación española también estipula penas según el grado de participación en este tipo de hechos delictivos. Además del autor del delito, están el cómplice y el cooperador necesario. Esta última figura es polémica, ya que se refiere a todo individuo que coopere en la divulgación de la información falsa o privada.

¿Todos podemos ser coautores de delitos?

Si nos fijamos estrictamente en la legislación, todo aquel que se preste a compartir y divulgar información privada estaría cometiendo un delito y podría ser sancionado.  Esto equivale a decir que si retuiteas un mensaje difamatorio o una información personal estarías siendo parte activa de un acto ilícito y podrías sufrir consecuencias legales considerables. Un retweet contribuiría a agravar la situación del afectado.

Sin embargo, como abogados especializados en derecho digital y abogados penalistas consideramos que estos casos no son tan sencillos. Siendo estos actos cometidos por masa y bajo identidades difusas, sería muy difícil imputar a cada participante en la cadena de divulgación de una información privada. Eso no significa que no exista culpabilidad.

DELITO FACEBOOKDifundir información falsa para el desprestigio de las empresas

Por otra parte, la propagación de “especulaciones económicas”, a sabiendas que son falsas, podría significar la imposición de condenas que irían desde los 6 meses y hasta los dos años en prisión. Esto es se hizo realidad a partir de la Ley Orgánica 5/2010, la cual introdujo modificaciones importantes en el código penal.

El artículo 284 del Código Penal establece lo siguiente: “quienes difundan noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieron datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero”.

Para esto se deben cumplir tres condiciones: En primer lugar, el infractor debe tener consciencia plena de que la información difundida es falsa. En segundo orden, la acción delictiva debe tener la finalidad de modificar el valor de una cotización. Y, por último, que el autor del delito se lucre con su acción por un monto no menor a los 300.000 euros.

Estas condiciones nos hablan un poco sobre las bases que son consideradas por las autoridades judiciales en este tipo de casos. Particulares y dueños o administradores de empresa pueden ser sancionados por sus acciones de desprestigio. En todo caso, lo fundamental es que entiendas que divulgar información privada o rumores falsos es un delito tipificado en nuestro articulado legal.

Personas particulares y empresarios deben buscar asistencia legal

Así que, si tienes una empresa y sufres por actos de difamación o desprestigio empresarial por parte de tus competidores, lo mejor es contratar los servicios de abogados especialistas en Bilbao, Getxo, Madrid, Santander, Valencia, que defiendan los intereses tuyos y de tu firma. Esta será la mejor forma de poner en su lugar a la competencia inescrupulosa.

 

 

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Loroño Abogados es un bufete jurídico ubicado en Bizkaia y en Madrid, atendiendo en nuestros despachos en Bilbao, en Getxo y en Barakaldo y en Madrid.

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