¿SON LEGALES LAS CAMARAS DE COCHE EN ESPAÑA?

Las dash cam o “cámaras de salpicadero” nos permiten grabar el momento de un choque o robo a nuestro coche. No obstante, usarlas en España puede considerarse ilegal, incluso siendo víctimas de algún delito.

Mientras que en otros países las cámaras de vehículo son útiles (EEUU) o incluso obligatorias (Rusia), en España su uso para probar delitos podría ser sancionado por posible violación a la privacidad ajena.

Pero… ¿Es legal utilizar dash cam en tu coche si estas en España?

¿Puedo poner una Dash cam en mi coche?

Por supuesto que sí. A ciencia cierta, no existe ninguna limitación legal que nos impida colocar esta cámara en el interior de nuestro coche. De hecho, la ley de tráfico no las regula y por ende no está prohibida su instalación en el interior de cualquier vehículo tal y como manifestó la Dirección General de Tráfico en comunicaciones realizadas a través de sus redes sociales.

Lo importante es que este o ningún otro objeto dificulte la visibilidad y ejecución al volante del conductor.

Sin embargo, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal sí contiene sendas regulaciones que restringen el uso de estos artefactos tecnológicos de video.

Leyes de privacidad

En España, la privacidad de los individuos está muy protegida. Además, solo el Estado se reserva el derecho de vigilar y grabar los hechos que ocurren en la vía pública. Esto sí podría atentar contra el libre uso de las dash cam.

Así lo expresó la Dirección General de Tráfico en una de sus revistas: la grabación de imágenes en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y esto fundamenta el hecho de que no podamos utilizar las grabaciones de cámaras de cabina como medio de demostración de culpabilidades durante procesos judiciales. Evidenciar datos personales podría ser un crimen incluso cuando somos víctimas de un hecho delictivo.

Frente a esta interpretación podemos encontrar a abogados y otros juristas que defienden que el derecho a la privacidad no puede anteponerse al interés legítimo, la seguridad, o al propio cumplimiento de otras leyes.

En conclusión ¿Qué NO se puede hacer?

• Utilizar las grabaciones continuas de una persona en un juicio dejando exponer la identidad de la misma.

• Realizar la grabación intencional de una persona previa manipulación de la cámara, navegadores y demás controladores.

• Publicar por Internet imágenes que puedan comprometer la privacidad de terceros.

Ambas incurrirían en una acción deliberada de vigilancia y de violación del derecho de la privacidad.

¿Y que SI se puede hacer?

Lo que se podría hacer en caso se captar imágenes y vídeos en la vía pública es tapar los rostros o incluso matriculas, evitando violar las leyes de privacidad. Todos los datos que sirvan para identificar a un tercero debeN ser autocensurados.

El gran problema es que esto le quitaría relevancia a la grabación como fuente de prueba del delito.

Sin embargo, el asunto no está completamente definido. En el año 2006 la Agencia Española de Protección de Datos expresó la siguiente aclaratoria: Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados, no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulten imprescindibles para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas.

Esto significa que podemos proporcionar las grabaciones en el caso de que los representantes de cuerpos de seguridad estatales soliciten las grabaciones.

Así que grabar podría ser de utilidad aunque nosotros no podamos ir corriendo a la policía a decir que tenemos al culpable “con las manos en la masa”. Estamos frente a un claro “vacío legal” que la jurisprudencia irá completando.

Más allá de todo esto, todo tipo de grabación está permitida siempre y cuando sea de estricto uso personal o doméstico.