El gobierno ha extendido la moratoria antidesahucios, la cual impide que personas en situación de vulnerabilidad sean echadas de sus hogares debido a deuda hipotecaria. Esta política de protección comenzó en el año 2013 y ha sido prolongada hasta el 2020 mediante Real Decreto Ley. A su vez, se ha mejorado la protección de derechos incluyendo a nuevos grupos vulnerables.
La crisis no ha terminado por completo y eso ha empujado al gobierno español a ceder. El asunto de la vivienda no se trata solo de un tema estrictamente legal o comercial, siendo evidente su alcance en materia de derechos humanos. Es en este contexto donde se toma esta medida social que tienen inmensas connotaciones legales y por eso deben conocerla las personas con riesgo de ser desahuciadas de sus viviendas.
Lo más importante de la medida es que se amplían las medidas de protección para abarcar a una mayor parte de la sociedad.
Nuevos criterios para la protección
Antes de la llegada de este nuevo Real Decreto Ley, los grupos protegidos eran los siguientes:
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Familias en las cuales estuviera al menos un niño menor a los 3 años de edad
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Familias monoparentales con dos hijos a cargo
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Titulares de hipotecas que tengan parentesco con personas en situación de discapacidad, enfermedad grave o dependencia justificada
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Personas en situación de desempleo en el caso de agotarse las prestaciones de desempleo
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Familias con alguna integrante víctima de violencia de genero
Con el nuevo decreto el margen de algunas de estas protecciones se ampliaron sustancialmente. Los nuevos colectivos protegidos son los siguientes:
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Familiares con al menos un menor de edad
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Familias monoparentales
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Personas en situación de desempleo, más allá de agotarse o no las prestaciones.
